comunidades marginadas

El EJ 2020: la próxima generación de justicia ambiental de EPA

Por Gina McCarthy

 

Yo empecé a trabajar en los centros comunitarios de salud en Canton, Massachusetts. Hace más de 35 años de eso. Lo que me motivó entonces, todavía me estimula hoy, es mi deseo de ayudar a la gente a vivir vidas más saludables y seguras.

Con demasiada frecuencia, vemos cómo los grupos minoritarios, de bajos ingresos e indígenas son los más afectados por los retos medioambientales y de salud pública. Estoy orgullosa de que por más de veinte años, la EPA ha trabajado para asegurar que estas comunidades marginadas se beneficien de las mismas protecciones ambientales que las demás comunidades. Eso ha sido prioritario para mí desde mis primeros días trabajando en Canton, y ha sido una prioridad clave para nosotros aquí en la EPA.

Hemos logrado un progreso tremendo a lo largo de los pasados ocho años. Mediante el EJ 2014, el primer plan estratégico de la EPA, desarrollamos relaciones más fuertes con los líderes locales y comunitarios. Integramos la justicia ambiental en cada programa de la EPA. Y hemos fortalecido nuestros consorcios dentro de la familia federal.

Este progreso es importante, porque todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Con el EJ 2020, el siguiente plan estratégico de los próximos cuatro años para la justicia ambiental, continuaremos construyendo sobre esos fundamentos a medida que trabajemos juntos para convertir este progreso en todavía más acción. Este plan fue desarrollado basado en un insumo público robusto—mediante miles de comentarios al plan borrador, de más de cientos de reuniones en todo el país, y cuatro seminarios web nacionales.

La Agenda de Acción EJ 2020 tiene tres metas primordiales:

  • Profundizar la práctica de justicia ambiental dentro de los programas de la EPA para mejorar la salud y el medio ambiente en comunidades marginadas.
  • Trabajar con los socios para ampliar nuestro impacto positivo en las comunidades marginadas.
  • Demostrar el progreso sobre los retos nacionales críticos de justicia ambiental.

Cada una de estas metas apoya nuestros esfuerzos para ampliar nuestra labor sobre el terreno y lograr un impacto todavía mayor y duradero donde nuestra ayuda es más necesaria. Y a medida que desarrollemos maneras más globales para medir nuestro progreso, aseguraremos mejor que cada persona en Estados Unidos disfrute de los beneficios de vivir en una comunidad más limpia y más sana.

El confrontar nuestros retos compartidos requiere soluciones innovadoras y una dedicación inquebrantable. En un periodo de crecientes retos relacionados al cambio climático y la infraestructura en deterioro, nuestra capacidad de confrontar nuestros obstáculos depende de la fortaleza de nuestros consorcios. El EJ 2020 provee una guía para ir hacia adelante, juntos, de una manera más productiva y holística. Eso significa escuchar a los líderes comunitarios y residentes y mejor entender las cargas a las cuales ellos se enfrentan para que nosotros podamos enfocar nuestros recursos estratégicamente. Esta es la manera en la cual podremos hacer una diferencia en las comunidades más marginadas de nuestro país.

El EJ 2020 no se trata solamente de unas palabras en papel. Se trata de estrategias concretas que nos guiarán por los siguientes cuatro años y más allá. Y cuando me recuerdo de las lecciones aprendidas en Canton, me enorgullezco de las vidas que la EPA ha cambiado y las comunidades que hemos fortalecido tanto en mi pueblo natal y en pueblos natales en el país. Todo lo que hemos logrado me hace aún más optimista para nuestro futuro compartido.

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La integración de la justicia ambiental en nuestra labor

Por Cynthia Giles y Jim Jones

Trabajamos para lograr nuestra misión de proteger la salud pública y el medio ambiente en un sinnúmero de maneras al proveer subvenciones a los estados, programas de incentivos y asistencia técnica, sin embargo también emitimos normas. Y como estamos comprometidos con la justicia ambiental, queremos asegurar que nuestras normas sirvan a toda la gente, inclusive aquellos que muchas veces están más impactados por los daños ambientales y las preocupaciones de salud pública.

Hemos estado integrando la justicia ambiental a nuestras normas por años. Hoy, estamos avanzando nuestros esfuerzos para publicar nuestras Directrices para considerar la justicia ambiental durante el desarrollo de una acción normativa. Usando nuestras directrices interinas de julio del 2010 como fundamento, esta es una fuente esencial que ofrece a nuestros reglamentarios las herramientas, guías y estrategias específicas que ellos necesitan para considerar la justicia ambiental. Esta guía final ayuda a ampliar el alcance y el impacto que tenemos en las comunidades estadounidenses.

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Estas directrices también continuarán el compromiso que hemos tenido con la justicia ambiental desde que el Presidente Clinton firmara la Orden Ejecutiva 12898  la cual ordena a las agencias federales a abordar los efectos desproporcionalmente elevados y adversos a la salud humana y el medio ambiente en las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos. Durante el pasado año, nuestros equipos reglamentarios han estado laborando arduamente en esfuerzos de alcance público en las comunidades, informándose acerca de los impactos ambientales que les afectan, y desarrollando normas con estas consideraciones en mente. He aquí algunos ejemplos:

• Con anterioridad este año, publicamos nuestra Definición de la Norma de Desechos Sólidos final, que abordaba los impactos desproporcionados en poblaciones minoritarias y de bajos ingresos donde los desechos peligrosos son administrados incorrectamente e enviados a reciclar. Realizamos un análisis riguroso de justicia ambiental donde examinamos la ubicación de instalaciones de reciclaje y su proximidad y potencial impacto a los residentes adyacentes. Este proceso condujo a la norma final que fomenta el reciclaje seguro y legítimo y ofrece a las comunidades una voz antes de que comiencen las operaciones de reciclaje

• En junio del 2014, propusimos una norma actualizada para lograr mayores controles en las emisiones de aire tóxico de las refinerías de petróleo. Además de evaluar los lecciones aprendidas de los acuerdos de acatamiento y el análisis de datos del esfuerzo extenso de recopilación de datos, realizamos unos esfuerzos robustos de alcance público comunitario Estos incluyeron llamadas de conferencias comunitarias, seminarios web, esfuerzos de capacitación, y audiencias públicas para aprender de las personas afectadas y ayudarles a entender cómo la propuesta norma les ayudaría. La propuesta norma incluye requisitos que beneficiarán estas comunidades, incluyendo control de emisiones para los tanques de almacenamiento, antorchas y unidades de coquización; una mayor eficiencia de combustión en las operaciones de antorchas; y el monitoreo de concentraciones de aire a lo largo de las vallas de las instalaciones de refinerías.

• En marzo del 2014, publicamos una propuesta norma para revisar el Estándar de Protección del Trabajador Agrícola diseñado para proteger los dos millones de trabajadores agrícolas y sus familias de la exposición a pesticidas. Ofrecerá a los trabajadores agrícolas protecciones de salud similares a las que ya disfrutan los obreros en otros trabajos. Al desarrollar las normas propuestas y finales, buscaremos el insumo amplio de la comunidad de trabajadores agrícolas. La norma final anticipada para este otoño ayudará a proteger a los trabajadores agrícolas y a sus familias mediante una mejor capacitación, mayor información, mejores protecciones de seguridad, estándares de cumplimiento modernizados.

Estos son tan solo tres ejemplos –vea otros al leer nuestro memorando—al personal de la EPA anunciando las directrices finales. Tomamos muy en serio nuestra obligación de liderar en materia de justicia ambiental, y de servir como ejemplo para los demás. La administradora McCarthy ha fijado la pauta y estas directrices finales apoyan su liderazgo. Es otra manera en la cual estamos haciendo nuestra parte para cumplir con el espíritu de la Orden Ejecutiva 12898 y para proteger nuestro ambienta y el derecho fundamental de todos en Estados Unidos a respirar un aire limpio, beber agua limpia y vivir en una tierra limpia.

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Abordando asuntos críticos de acceso al agua a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México

En muchas partes de los Estados Unidos, el acceso al agua es una mera ocurrencia. Nosotros abrimos el grifo y de ahí sale toda el agua que necesitamos para cocinar, beber, bañarnos, y limpiar. Sin embargo, algunas comunidades, incluyendo muchas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en Texas, Nueva México, Arizona y California carecen de acceso al agua abundante y limpia de la cual la mayoría de nosotros disfrutamos diariamente. La EPA, mediante su programa de infraestructura de agua de la frontera Estados Unidos-México está trabajando para abordar los problemas críticos de salud pública y el medio ambiente en la fuente al proveer con frecuencia por primera vez servicios de agua potable y tratamiento de aguas residuales en comunidades marginadas carentes de servicios adecuados.

El mes pasado, viajé a Laredo, Texas y pude ver de cerca exactamente cómo este programa ayuda a proveer a las comunidades allí, conocidas como colonias, por primera vez con acceso a los sistemas de agua potable y alcantarillado. Muchas personas en las colonias no han tenido acceso regular al agua o sistemas modernos de saneamiento debido a que no se requería la instalación de ese tipo de infraestructura al momento en el cual esas propiedades fueron vendidas y sus casas fueron construidas.

Esta pequeña planta de tratamiento de agua cerca de la frontera EE.UU.-México provee a unas 3,700 personas en Laredo, Texas acceso por primera vez al sistema de alcantarillado. Foto tomada por Stephanie Von Feck, EPA

Esta pequeña planta de tratamiento de agua cerca de la frontera EE.UU.-México provee a unas 3,700 personas en Laredo, Texas acceso por primera vez al sistema de alcantarillado. Foto tomada por Stephanie Von Feck, EPA

 

Visitamos una pequeña planta de tratamiento de agua a unas 20 millas a las afueras del centro de Laredo y a menos de una milla de la frontera entre EE.UU.-México que provee a unas 3,700 personas en las colonias con acceso a los sistemas de alcantarillado. Además,  las aguas residuales tratadas que provienen de la planta, serán usadas para irrigar un campo de golf cercano.

Desde su establecimiento en el 1997, el programa de EPA para la infraestructura de agua a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México ha provisto 60,000 hogares fronterizos con acceso al agua potable sana,  así como, ha provisto a 544,000 hogares con servicios adecuados para recopilar las aguas residuales y tratar las aguas residuales, reduciendo así el riesgo de enfermedades. El programa ha financiado 80 proyectos que benefician a más de 5 millones de residentes a lo largo de la frontera y ha contribuido a encaminar unos 24 proyectos adicionales.

El programa de la infraestructura de agua a lo largo de la frontera también trabaja con las comunidades en México, como Nuevo Laredo, para identificar maneras para modernizar sus sistemas de agua potable y aguas residuales. Estos esfuerzos no tan solo mejoran las condiciones de salud pública para los ciudadanos en México, sino que también aborda las fuentes potenciales de contaminación de agua que pueden impactar el agua que fluye hacia los Estados Unidos.

Mientras el programa de infraestructura de agua de la EPA a lo largo de la frontera EE.UU-México es uno de los programas más pequeños de la EPA, en muchas maneras, es uno de nuestros programas más vitales. El proveer acceso al agua limpia para la gente que nunca la ha tenido antes es una de las cosas más importantes que tenemos el poder y los recursos para hacer.

 

Nancy Stoner es la administradora adjunta interina de la EPA en la Oficina de Agua de la EPA. Desde el 1ero de febrero de 2010, Nancy Stoner ha servido como la subadministradora adjunta de Agua. La extensa carrera de la Srta. Stoner en política y derecho ambiental comenzó en la División del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Más recientemente, la Srta. Stoner sirvió como codirectora del Programa de Agua del Consejo de la Defensa de Recursos Naturales (NRDC, por sus siglas en inglés). La Srta. Stoner se graduó de la Escuela de Derecho de Yale en 1986 y se graduó de la Universidad de Virginia en el 1982.

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